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Paro tras baja voluntaria: el aviso del SEPE que toda pyme debe conocer

El SEPE recuerda que maquillar una baja voluntaria como despido es fraude. Repasamos sanciones para empresa y trabajador, y cómo gestionarlo bien en la pyme.

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El SEPE pone límites al "arreglo de papeles" en las bajas voluntarias

Hay una práctica que, por desgracia, sigue apareciendo en conversaciones de despacho: un empleado decide marcharse por su cuenta, pero pide a la empresa que "le firme el paro" como si hubiera sido un despido. El SEPE ha lanzado un mensaje claro: la empresa no puede otorgar ese derecho. Lo que debe constar en el certificado de empresa es la causa real del cese, incluso cuando se trata de una baja voluntaria.

La tentación existe porque el trabajador puede haber acumulado cotización suficiente y, sin embargo, no tener derecho a la prestación por el tipo de salida. Pero convertir una dimisión en un despido ficticio no es un favor: es una colaboración para obtener una prestación indebida, tipificada como infracción muy grave en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Detalle ilustrativo: Muchas empresas firman el paro a un trabajador que se marcha voluntariamente: el SEPE tiene un mensaje para ellos

Qué arriesga la empresa (y qué arriesga el empleado)

No hablamos de un simple tirón de orejas. Según la información publicada por Genbeta, las consecuencias recaen sobre ambas partes, aunque con matices distintos:

  • Para el beneficiario: extinción de la prestación, devolución de lo percibido indebidamente y posible exclusión del acceso a prestaciones económicas y algunas ayudas durante un año.
  • Para la empresa: multa que puede ir de 7.501 a 225.018 euros en función de la graduación de la infracción, además de la pérdida de beneficios de programas de empleo o formación en proporción a los trabajadores afectados y la exclusión de esas ayudas hasta dos años.
  • Si los hechos constituyen delito: entra en juego el artículo 307 ter del Código Penal, con distintas penas.

Conviene subrayar que no hay una sanción única que afecte por igual a las dos partes. La empresa que firma un despido ficticio no está haciendo un favor inocente: está asumiendo un riesgo económico y reputacional que puede escalar si el SEPE cruza datos o si el propio trabajador denuncia la situación.

Lo que sí permite la ley: cuándo se puede cobrar el paro tras dimitir

La norma no es tan rígida como a veces se cree. Las cotizaciones anteriores a una baja voluntaria pueden aprovecharse si posteriormente hay un nuevo empleo que termine en situación legal de paro. El SEPE distingue entre el despido o finalización del contrato y el cese por decisión empresarial durante el periodo de prueba:

  1. En los dos primeros casos no se exige un mínimo de tres meses en el nuevo puesto.
  2. Si la empresa pone fin a la relación durante el periodo de prueba tras una dimisión, sí es necesario haber pasado tres meses desde la baja.
  3. Si hay varios ceses en periodo de prueba, hay que ver cómo se computan los meses: por ejemplo, entre el segundo y el tercer cese por el mismo motivo deben haber transcurrido tres meses.

El tiempo de prestación dependerá de las cotizaciones computables. Con 360 días cotizados se generan 120 de prestación, y a partir de 2.160 días se alcanza el máximo de 720. En general, se tienen en cuenta las cotizaciones de los seis años anteriores que no se hayan utilizado para un derecho previo.

Además, hay salidas por iniciativa del trabajador que la ley protege expresamente: traslados (artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores), modificaciones sustanciales (artículo 41.3) y extinción por incumplimientos empresariales graves (artículo 50), como impagos o retrasos salariales. En este último caso procede indemnización por despido improcedente. También se reconoce la situación de desempleo cuando la trabajadora abandona definitivamente su puesto por violencia de género o sexual.

Sobre los impagos, la reforma del artículo 50, en vigor desde el 3 de abril de 2025, concreta cuándo se da esta causa: tres mensualidades completas de salario pendiente en un año o retrasos superiores a quince días durante seis meses en un año, sin que sea necesario que sean consecutivos. No se descartan otros supuestos que pueda apreciar el órgano judicial.

Qué significa esto para una pyme y cómo actuar

En una pyme, el área de personas suele estar en manos de dirección o de administración, no de un departamento jurídico especializado. Por eso estas situaciones llegan como una petición informal: "hazme el favor, que si no no cobro". La respuesta debe ser siempre la misma: documentar la causa real del cese y no participar en un simulacro.

Recomendamos tres pasos concretos:

  • Formación básica en gestión de bajas: quien firma certificados de empresa debe saber que la causa del cese es un dato verificable y que el SEPE puede revisarlo.
  • Proceso documental claro: carta de baja voluntaria firmada, finiquito con las cantidades pendientes (salario, pagas extras) y certificado remitido al SEPE incluso en caso de dimisión.
  • Asesoramiento puntual: ante un caso dudoso (periodo de prueba, artículo 50, violencia de género), consultar antes de firmar. El coste de una consulta es infinitamente menor que el de una sanción.

También conviene revisar cómo se comunica la salida al resto del equipo. Un despido ficticio mal explicado erosiona la confianza interna y puede acabar en una denuncia. La transparencia, incluso cuando es incómoda, protege a la empresa.

El detalle que muchas pymes pasan por alto

Hay un matiz que suele generar confusión: la empresa debe remitir el certificado de empresa al SEPE también en caso de baja voluntaria. No hacerlo no evita el problema; lo retrasa y puede complicar la trazabilidad. Si el trabajador alega después que fue un despido, la empresa necesitará pruebas sólidas de la causa real.

En ForgeNEX trabajamos con pymes que gestionan personas, nóminas y documentación laboral con recursos limitados. Nuestra recomendación es tratar la documentación de bajas con el mismo rigor que una factura o un contrato: sin atajos, con registro y con criterio. Como vimos en el artículo sobre empatía y miedo a ser juzgado en la pyme, la cultura de "hacer favores" sin límites acaba pasando factura. Y en el ámbito laboral, la factura puede ser de seis cifras.

Fuente: Genbeta. Análisis y adaptación: ForgeNEX.

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