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El verano de 2025 se cerró con un movimiento regulatorio que ha sacudido los cimientos de la industria tecnológica española. A finales de agosto, el Gobierno presentó el esperado real decreto para regular los centros de datos, una normativa que, según voces autorizadas del sector, podría convertirse en un lastre en lugar de un impulso. La fecha elegida, en plena temporada baja de noticias, no fue casual: el Ejecutivo buscaba minimizar el ruido mediático, pero el sector no ha tardado en alzar la voz.
Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, la asociación que agrupa a los principales operadores de centros de datos en España, no oculta su escepticismo: «Sabíamos que iba a existir un desarrollo reglamentario y, sinceramente, la agosticidad con la que se presentó es sintomático, pero no nos sorprende. En 2025 pasó lo mismo». Para Villacís, el problema no es solo el momento, sino el fondo de una norma que, tal y como está redactada, considera que supone «una prohibición de facto del sector en España».
La crítica no es aislada. Robert Assink, miembro fundador de Corevia Advisory y CEO de CTS Group, va un paso más allá: «El sector de centros de datos es muchísimo más relevante de lo que piensan muchos políticos y gobiernos». Assink denuncia que España «quiere ser más papista que el papa» con una normativa que excede lo que reclama Europa y los estándares que la propia industria ya se ha autoimpuesto. En un contexto donde la IA agente y los modelos generativos disparan la demanda de cómputo, la regulación española podría estar poniendo palos en las ruedas a un sector estratégico.
SpainDC presentó alegaciones al real decreto, y sus críticas se centran en varios frentes. El primero, la eficiencia energética. Assink es tajante: «España, al tener un clima más caluroso que Noruega, Dinamarca o hasta Alemania, no puede aspirar a tener una eficiencia energética superior a un país muy frío. Es técnicamente imposible». El experto reivindica que el sector ya es «supereficiente, el mejor alumno de la clase», y acusa al Gobierno de exigir una nota de 10 a quien ya tiene un 9,8.
Valentín Pinuaga, director general para España de Equinix, comparte los objetivos de sostenibilidad, pero matiza: «Veo un poco difícil que todos los centros de datos que se construyan en adelante cumplan con el máximo nivel». Pinuaga pone el foco en la cobertura de renovables: el real decreto exige un 80% de energía renovable en todas las franjas horarias, algo que considera inviable. «Si me piden que tenga todas las franjas horarias, el problema viene en las horas sin luz. Necesitas otra renovable para cubrir durante la noche. Tendrías un coste tan elevado que los números no salen».
Otro punto conflictivo es el requisito de antigüedad de las plantas renovables: la norma establece un mínimo de 18 meses, lo que penaliza a los centros de datos que ya llevan años usando energía limpia. «18 meses nos parece un tiempo muy agresivo. No soy experto en energía, pero es muy poco tiempo para desarrollar una planta fotovoltaica o eólica», añade Pinuaga. Esta inseguridad jurídica y los posibles efectos retroactivos son, según Villacís, una fuente de litigios millonarios: «Si cambias de forma sobrevenida las condiciones sobre las que se han comprometido inversiones de enorme volumen, te expones a reclamaciones milmillonarias».
Assink también arremete contra la percepción pública sobre el consumo de agua de los centros de datos: «Decir que los centros de datos terminan con el agua del país es una barbaridad. Si uno pide la factura de agua de un centro de datos, te va a presentar lo que consume la cocina, los aseos y el grifo del baño». En España, muchos operadores ya trabajan con circuito cerrado, lo que minimiza el uso de este recurso. Sin embargo, la narrativa importada de Estados Unidos, donde los data centers sí compiten por agua y electricidad con las comunidades locales, está calando en la opinión pública española.
«En España hay que regular atendiendo a la realidad de España, no importando ni sobredimensionando problemas que no existen aquí», sentencia Villacís. Pinuaga coincide: «Los desarrollos que se hacen en Estados Unidos son inmensamente más grandes de los que se hacen no solo en España, sino en el resto de países del entorno europeo. No somos una amenaza ni un problema, ni tenemos intención de serlo».
El real decreto llega en un momento de efervescencia para el mercado de centros de datos. La irrupción de la IA ha transformado las necesidades: ya no todo requiere estar cerca del usuario final. Assink lo explica: «El data lake y data training no requieren estar cerca del usuario final, pero sí mucha capacidad de proceso y potencia eléctrica». La inferencia, en cambio, sí necesita proximidad. La gran batalla, sin embargo, no es la distancia, sino la disponibilidad de potencia eléctrica. «Si Badajoz tiene disponibilidad de potencia antes que Ciudad Real, A Coruña o Zaragoza, se llevará el gato al agua», ejemplifica.
España se ha convertido en un destino atractivo, pero no es el único. «Madrid, Aragón y Barcelona son hoy los polos más relevantes, pero hay muchos proyectos importantes en otras regiones», señala Villacís, que menciona oportunidades en Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco o Navarra. Un informe de Savills situaba a Málaga como la 11ª ciudad del mundo más atractiva para inversiones en data centers, por delante de Marsella y Oporto. Pero la competencia es feroz: «España no compite consigo misma, las empresas comparan países», subraya Villacís. Portugal, Italia, Irlanda o Francia son rivales directos.
Assink lo compara con el ferrocarril: «Si hay un ferrocarril, pues por ahí pasarán múltiples trenes. Los clientes finales no van a querer tener su infraestructura en diez lugares». Y advierte: «Si es en España fenomenal, si es en otro país también. Pero no van a ir a los dos países». En este sentido, la incertidumbre regulatoria juega en contra. «El sector irá allí donde existan las condiciones para desarrollar proyectos reales: red, suelo, conectividad, plazos y seguridad para invertir», insiste Villacís.
A pesar de las críticas, desde Equinix defienden que la infraestructura digital debe estar regulada como cualquier otra infraestructura crítica. «El mundo digital se convierte en un servicio esencial. Cuando hablamos de redes de telecomunicaciones, todo el mundo entiende que si se caen no van a poder usar su teléfono. Los centros de datos forman parte estructural de las redes de transmisión de datos», argumenta Pinuaga. «Si quitas los centros de datos de la foto, pierdes la capacidad de tener servicios esenciales como el acceso a la banca o a la administración pública».
El directivo de Equinix teoriza que el real decreto quiere adelantarse a los problemas vistos en otros países: «En ese sentido, está bien, pero quizás se han pasado un poco de frenada. Con normativas tan restrictivas, a lo mejor consigues el efecto contrario, que una industria pujante se vaya a otro lado». Assink añade que España tiene un déficit de infraestructura digital en comparación con otros países europeos: «Simplemente para atender las necesidades de los servicios digitales que usamos cada día, necesitamos más centros de datos y más infraestructura digital».
La transparencia es otro caballo de batalla. Assink aboga por «crear transparencia» para llegar a la opinión pública, aunque reconoce que las grandes tecnológicas no siempre ayudan: «Los operadores especializados de centro de datos son muchísimo más transparentes, pero no tienen tanto nombre para el gran público». En un momento en que la nube y los servicios digitales son omnipresentes, la industria debe explicar mejor su papel y su compromiso con la sostenibilidad.
El debate está servido. Mientras el Gobierno defiende que quiere «centros de datos, pero los mejores, sostenibles, eficientes y soberanos», el sector advierte que la norma, tal cual, puede espantar inversiones y frenar el desarrollo de la IA en España. La pelota está en el tejado del Ejecutivo, que deberá decidir si ajusta el texto para no ahogar a una industria que, bien regulada, podría ser un motor económico de primer orden. Como recuerda Pinuaga, «no somos una amenaza ni un problema, ni tenemos intención de serlo». La pregunta es si España sabrá aprovechar la oportunidad o si, por el contrario, se quedará mirando cómo otros países se llevan el gato al agua.
Fuente original: ComputerWorld. Análisis y adaptación por ForgeNEX.
