La tramitación de la futura Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial en España marca un hito en la adaptación del Reglamento Europeo de IA al ordenamiento jurídico nacional. Aprobada como proyecto de ley por el Consejo de Ministros, esta norma no solo establece sanciones de hasta 35 millones de euros para las infracciones más graves, sino que también prohíbe los deepfakes de carácter sexual y regula el uso de marcas de agua en contenidos generados por IA. Los expertos legales consultados coinciden en que se trata de un instrumento jurídico necesario para garantizar la coherencia y eficacia del marco europeo en España.

Un paso necesario para aplicar el Reglamento Europeo

Miguel Recio, presidente de la asociación APEP·IA, subraya que “la aprobación del proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial es un paso muy importante, ya que la Ley es necesaria para poder aplicar el Reglamento de IA”. El texto incluye cuestiones clave como la designación de las autoridades de vigilancia del mercado y el régimen sancionador aplicable a nivel nacional. “Sin esta ley, la aplicación efectiva del reglamento europeo quedaría coja”, advierte.

Por su parte, Moisés Barrio Andrés, letrado del Consejo de Estado y asesor en regulación digital, califica la futura norma como “instrumento jurídico necesario para concretar la gobernanza prevista en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial de acuerdo con el principio de eficacia”. La ley designa autoridades nacionales, delimita competencias, articula mecanismos de coordinación y establece procedimientos de supervisión e inspección. “Garantizará la imprescindible coherencia, eficacia y correcta aplicación en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente cuando concurren distintos niveles territoriales de Administraciones Públicas y ámbitos sectoriales regulados”, añade.

El acierto del rango de ley orgánica

Que la norma tenga rango de ley orgánica es, según los expertos, un acierto. Barrio explica que “únicamente una norma con rango de ley puede tipificar infracciones, graduar sanciones y atribuir competencias sancionadoras conforme a los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica”. Además, es “fundamental” que sea una ley orgánica la que defina las competencias de autoridades como la Agencia Española de Protección de Datos, el Banco de España o el Consejo General del Poder Judicial, cuyos regímenes jurídicos ya vienen definidos en normas de análogo rango.

Recio también valora positivamente este rango, ya que “regula y garantiza el desarrollo de derechos fundamentales. Este hecho también tiene implicaciones para una regulación de una IA cuyo uso sea confiable, ético y respete los derechos fundamentales”.

Retos inminentes: burocracia, transparencia y plazos

La aplicación real de la ley afronta desafíos técnicos, económicos y operativos. Las patronales del sector tecnológico han mostrado su preocupación por una posible exigencia de burocracia excesiva, mayor incluso que la impuesta por la Comisión Europea, para demostrar el cumplimiento normativo. Además, auditar y garantizar la transparencia de herramientas comerciales de terceros actores cuyo código no es transparente sigue siendo un problema para muchas organizaciones. En este sentido, contar con prácticas de hacking ético y pruebas de penetración puede ayudar a las empresas a identificar vulnerabilidades en sus sistemas de IA y asegurar su conformidad.

Barrio considera que la norma incorpora adecuadamente los contenidos del reglamento europeo que requieren rango de ley, pero el principal reto vendrá “por la necesidad de aprobar diversas normas reglamentarias de desarrollo de algunos aspectos de la futura Ley”. Recio, por su parte, teme que el texto se encalle en las Cortes debido a la complicada aritmética parlamentaria. “Uno de los retos más relevantes a corto plazo es ver cómo avanza la tramitación parlamentaria y si, finalmente, se aprueba una ley tan esperada y necesaria”, señala. Si no se aprueba a tiempo, el Gobierno podría recurrir a un Real Decreto-ley de urgencia, pero lo deseable es que la aprobación se produzca antes de que las obligaciones europeas para los sistemas de mayor riesgo entren en vigor en dos fases: el 2 de agosto de este año y el 2 de agosto de 2027.

La ley también llega en un momento en que la inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso. Experimentos como la IA con TDAH que duplica el rendimiento de Claude Code demuestran la necesidad de un marco regulatorio sólido que garantice un desarrollo ético y seguro.

Impacto en empresas y administraciones públicas

La futura ley no solo afectará a las grandes tecnológicas, sino también a pymes y administraciones públicas que utilicen sistemas de IA. La designación de autoridades de vigilancia y el régimen sancionador obligarán a muchas organizaciones a revisar sus procesos de cumplimiento normativo. Para optimizar su infraestructura en la nube y garantizar la seguridad de los datos, las empresas pueden recurrir a soluciones avanzadas en Microsoft Azure, que ofrecen herramientas de gobernanza y cumplimiento integradas.

Además, la ley exige transparencia en los algoritmos, lo que implica que las empresas deben auditar sus sistemas y documentar su funcionamiento. Esto puede suponer un desafío operativo, pero también una oportunidad para mejorar la confianza de los usuarios y clientes. Como señala Recio, “lograr avanzar en la gobernanza de la IA tanto desde el punto de vista del marco de las autoridades competentes como del uso que puedan hacer las empresas y las administraciones públicas” es el objetivo final.

En definitiva, la Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial representa un paso firme hacia una IA ética y responsable en España. Su tramitación parlamentaria será clave para que el país no se quede atrás en la implementación del reglamento europeo y para que las empresas puedan adaptarse a tiempo a las nuevas exigencias.

Fuente original: ComputerWorld. Análisis y adaptación por ForgeNEX.