La posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos adquiera participaciones en empresas de inteligencia artificial ha pasado de ser una hipótesis académica a un debate político candente en cuestión de semanas. Lo que comenzó como una medida de seguridad nacional para restringir el acceso a modelos avanzados de IA a países considerados hostiles, ha evolucionado hacia una discusión más profunda: ¿debería el pueblo estadounidense ser propietario de una parte de las empresas que desarrollan estas tecnologías?

El detonante: Anthropic desactiva sus modelos avanzados

La semana pasada, Anthropic tomó una decisión drástica: desactivó sus modelos Fable 5 y Mythos 5 para todos los usuarios, no solo para aquellos en el extranjero como había solicitado la administración Trump. La compañía argumentó que la medida buscaba “garantizar el cumplimiento” de las exigencias gubernamentales de seguridad nacional. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, justificó la acción señalando que existía el temor de que estos modelos pudieran ser utilizados por inteligencia militar en China, Rusia u otros países considerados una amenaza.

Este movimiento, sin embargo, ha abierto la puerta a un debate mucho más amplio sobre el control y la propiedad de la IA. Si el gobierno puede exigir la desactivación de modelos, ¿qué impide que vaya un paso más allá y busque ser accionista?

Bernie Sanders y la propuesta del 50%

El senador Bernie Sanders, conocido por su postura progresista, ha presentado el proyecto de ley American AI Sovereign Wealth Fund, que propone que el gobierno tome una participación del 50% en las principales empresas de IA a través de un impuesto pagado mediante la emisión de nuevas acciones. La idea es que el pueblo estadounidense se beneficie directamente del crecimiento de estas compañías, especialmente cuando OpenAI y Anthropic se preparan para salir a bolsa.

“La base de la IA se sustenta en el conocimiento colectivo de la humanidad y en el trabajo creativo de decenas de millones de personas. El pueblo estadounidense debe tener la capacidad de ralentizarla y garantizar que la IA beneficie a la humanidad, no solo a las personas más ricas del planeta”, declaró Sanders.

Las empresas también proponen, pero con matices

Curiosamente, no solo los políticos están impulsando esta idea. OpenAI ya ha propuesto la creación de un fondo público de riqueza que otorgue a los ciudadanos una participación en el crecimiento económico impulsado por la IA. Anthropic, por su parte, ha sugerido un fondo soberano para “influir en el comportamiento del sector”. Sin embargo, como analiza Fernando Maldonado, analista principal de Foundry España, estas propuestas difieren significativamente en el nivel de control que otorgan.

Maldonado distingue cinco niveles de propiedad: recibir dividendos sin capacidad de decisión, votar en juntas, nombrar consejeros, vetar decisiones clave, e influir en el producto mismo. “OpenAI se queda en el primer nivel, aunque intenta ampliarlo al máximo”, señala. La propuesta de OpenAI implica una aportación del 1% al 5% del capital para un fondo que reparte dividendos, pero sin voto ni presencia en el consejo. Anthropic, en cambio, plantea un escenario a largo plazo donde las cuentas de capital para recién nacidos solo se activarían en el caso más extremo de impacto laboral. “No son un cheque para hoy. Son una apuesta a largo plazo”, matiza Maldonado.

La propuesta de Sanders, en contraste, recorre toda la escala: otorga derechos de voto, representación en consejos y participación en beneficios, permitiendo al Estado bloquear decisiones perjudiciales. “Las empresas reparten valor. La del senador reparte valor e influencia”, resume Maldonado.

¿Propiedad o control? La ambigüedad del término

El analista advierte que la palabra “propiedad” es engañosa. “Cuando alguien escucha que será dueño de una parte de la IA, imagina que tendrá influencia. Lo que recibirá, si recibe algo, será un ingreso. Participar en los beneficios no es lo mismo que participar en las decisiones”, explica. Esta confusión podría ocultar un conflicto de intereses: el mismo gobierno que regula la seguridad y el mercado de la IA se convertiría en accionista, creando incentivos perversos como la tentación de rescatar empresas en crisis o relajar la regulación.

Riesgos y perspectivas internacionales

Desde fuera de EE.UU., esta tendencia se percibe como una señal de que la IA se está convirtiendo en una infraestructura estratégica bajo control de una sola potencia. Maldonado señala que “ya se ha demostrado que el gobierno puede controlar el acceso a la tecnología mediante regulación sin necesidad de ser accionista. Si a ese poder se sumara la propiedad, el Estado concentraría dos palancas clave”.

El debate, por tanto, no es si el sector público participará, sino hasta dónde llegará ese control. Como conclusión, Maldonado afirma: “La ambigüedad de la palabra ‘propiedad’ oculta diferencias enormes entre simplemente recibir dividendos y tener capacidad real de decisión”.

Para los profesionales IT y las empresas, este movimiento tiene implicaciones directas. Si el gobierno se convierte en accionista mayoritario, podría influir en las prioridades de desarrollo, la apertura de modelos y las políticas de licencias. En un escenario donde la IA se considera un agente con un arnés, como señala Nvidia, la propiedad pública podría redefinir quién controla ese arnés.

Mientras tanto, herramientas como Gemini CLI y plataformas como Checkmarx siguen evolucionando, pero el verdadero cambio podría venir de quién posee los activos subyacentes. Incluso la seguridad, como se vio con AgentJacking, depende de decisiones de propiedad y control.

Fuente original: ComputerWorld. Análisis y adaptación por ForgeNEX.